Crece en la Dirección General de Tráfico la preocupación después de que siete radares de velocidad ubicados en carreteras convencionales hayan sido destruidos o vandalizados. De hecho, la DGT ha abierto una investigación para detener a el o los culpables, que de tratarse de una misma persona o grupo se habrían movido por nuestra geografía, ya que dos de estos aparatos han sido inhabilitados en la Comunidad de Madrid, dos en Castilla-La Mancha, otros dos en Castilla-León y uno más en la Comunidad Valenciana.
Tipificado en el Código Penal
Vandalizar radares es un delito que aparece tipificado en los artículos 263 a 267 de nuestro Código Penal, que protegen el valor patrimonial de la propiedad ajena. En concreto, el artículo 263.2 prevé penas de prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses "cuando los daños tengan por objetivo impedir el libre ejercicio de la autoridad o se realicen como consecuencia de las acciones ejecutadas por la autoridad en el ejercicio de sus funciones. También cuando se cometan contra funcionarios públicos, o contra particulares que, como testigos o de cualquier otra forma, hayan contribuido o puedan hacerlo en la ejecución o aplicación de las leyes".
Imagen de uno de los radares destruidos.DGT.
Además, los culpables tendrían que responder por el coste económico de cada radar, que asciende a unos 67.000 euros en el caso de los radares fijos y a unos 66.000 euros en el caso de los radares de tramo. En total, la cifra podría rondar los 460.000 euros.
Mientras se investigan los hechos, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha reforzado la vigilancia en los puntos en los que se encuentran estos radares, medida que se complementa con la instalación en algunos de ellos cámaras de vigilancia adicionales con conexión directa a los Centros de Gestión de la DGT.
Radares para salvar vidas
Hay que recordar que entre el 10% y el 15% de todos los accidentes de tráfico tienen una relación directa con el exceso de velocidad, además del 30% de los siniestros que acaban con muertes en carretera. Por ello, según los informes del Observatorio Europeo de Seguridad Vial, la gestión de la velocidad debe incluir la vigilancia policial y el control de la velocidad tanto con radares fijos como con radares de tramo.
